SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, destacó los avances alcanzados por la Comisión Especial del Senado que presidió para el estudio del proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional, una iniciativa que calificó como fundamental para fortalecer el proceso de transformación, modernización y profesionalización de la institución del orden.
Romero explicó que la comisión desarrolló un amplio proceso de análisis y consultas, evaluando de manera detallada cada uno de los artículos del proyecto con el propósito de construir una legislación que fortalezca la transparencia, la disciplina, la eficiencia y el respeto al Estado de derecho dentro de la Policía Nacional.
Uno de los cambios más relevantes se encuentra en el artículo 12, cuya nueva redacción elimina un párrafo del texto original y establece de forma expresa que el presidente de la República ejerce el mando supremo de la Policía Nacional, directamente o por conducto del Ministerio de Interior y Policía, reafirmando así el principio de subordinación de la fuerza pública al poder civil.
La propuesta también fortalece las atribuciones de la Dirección de Asuntos Internos, que además de investigar posibles irregularidades, tendrá la facultad de supervisar operaciones encubiertas, verificar pruebas de integridad del personal, controlar el manejo de información reservada y presentar informes periódicos al ministro de Interior y Policía y al Consejo Superior Policial sobre investigaciones relacionadas con corrupción y posibles vínculos de agentes con estructuras criminales.
En cuanto al Consejo Superior Policial, la iniciativa amplía sus competencias al incluir el seguimiento de indicadores de gestión, el análisis de datos criminales, la aprobación de proyectos de modernización, infraestructura, tecnología y presupuesto, así como la evaluación de ascensos y retiros. Asimismo, deberá conocer informes periódicos sobre traslados de oficiales y asignaciones de protección policial.
Otro de los aspectos destacados de la reforma es la regulación del uso de agentes policiales fuera de sus funciones. El proyecto elimina las asignaciones permanentes de policías a empresas privadas, corporaciones o fundaciones, limitando ese servicio exclusivamente a instituciones públicas. Además, incorpora un artículo que contempla investigaciones administrativas, civiles y penales contra las autoridades que destinen personal policial a funciones ajenas a la seguridad pública.
En materia de registros preventivos, el proyecto establece con mayor precisión las circunstancias en que podrán realizarse inspecciones superficiales e incorpora garantías para proteger los derechos de los ciudadanos. Entre ellas figuran la prohibición de realizar registros basados en perfiles raciales o estereotipos, la obligación de mantener activadas las cámaras corporales durante el procedimiento, el derecho de los ciudadanos a grabar la actuación policial y la prohibición de efectuar desnudos forzados o tocamientos en zonas íntimas. Además, prioriza el uso de detectores electrónicos o unidades caninas antes del contacto físico directo.
La reforma también introduce cambios profundos en el régimen disciplinario de la institución. El nuevo modelo separa las funciones de investigación y decisión, de manera que los inspectores instructores serán responsables de investigar y formular cargos, mientras que los inspectores de decisión tendrán a su cargo el juzgamiento de las faltas disciplinarias, fortaleciendo así la imparcialidad y el debido proceso.
De igual forma, el proyecto amplía el catálogo de faltas muy graves al incluir conductas vinculadas con corrupción, acoso sexual y laboral, manipulación de sistemas informáticos, alteración de evidencias digitales, discriminación, maltrato animal, apropiación de bienes públicos y violaciones a la cadena de custodia. Además, reorganiza el sistema de sanciones según la gravedad de las infracciones y dispone que todas las decisiones disciplinarias deberán fundamentarse en los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.
Finalmente, la iniciativa modifica el régimen transitorio de pensiones mediante un esquema que armoniza los derechos adquiridos por los miembros que ingresaron bajo legislaciones anteriores con el nuevo Plan Especial de Pensiones de la Policía Nacional, garantizando una transición ordenada hacia el nuevo modelo institucional.
El senador Franklin Romero afirmó que estas modificaciones representan un paso decisivo para consolidar una Policía Nacional más moderna, profesional, transparente y cercana a la ciudadanía, en consonancia con los principios que sustentan el proceso de reforma impulsado en el país.
