Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió los registros de proveedores del Estado vinculados a 82 funcionarios electos y designados, luego de detectar que se encuentran dentro del régimen de incompatibilidades establecido por la nueva legislación sobre contrataciones públicas.
La medida fue informada por el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, quien explicó que la institución realizó un nuevo cruce de bases de datos para identificar posibles incompatibilidades entre el ejercicio de funciones públicas y la participación en empresas registradas como proveedoras del Estado.
Pimentel señaló que bajo la legislación anterior existía una limitación que impedía suspender determinados registros cuando el funcionario tenía una participación accionaria inferior al 10 % en una empresa proveedora.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas, fue eliminado ese porcentaje como excepción para los funcionarios sometidos al régimen de incompatibilidad absoluta. Esto permite a la DGCP suspender los registros cuando exista una vinculación que contravenga las disposiciones legales.
El funcionario aclaró que la suspensión no significa que los 82 funcionarios estuvieran contratando actualmente con el Estado ni que mantuvieran contratos públicos vigentes. Se trata de una medida preventiva y administrativa destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar posibles conflictos de interés.
La suspensión se mantiene mientras la persona ocupa el cargo público y puede extenderse hasta un año después de finalizar sus funciones, conforme al régimen establecido por la nueva normativa.
La DGCP informó además que desde 2020 ha suspendido más de 500 registros de proveedores vinculados a funcionarios públicos, incluyendo senadores, diputados, alcaldes, regidores, ministros y directores, como parte de sus mecanismos de prevención y control.
El régimen de incompatibilidad también contempla determinados vínculos familiares. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Pimentel, en los casos sujetos a incompatibilidad absoluta, esposas, hijos y hermanos de determinados funcionarios tampoco pueden mantener vínculos como proveedores del Estado.
Asimismo, la nueva legislación establece consecuencias penales para quienes intenten evadir estas restricciones mediante testaferros o mecanismos destinados a ocultar al beneficiario final de una contratación pública, con penas que pueden alcanzar entre dos y diez años de prisión, según el caso.
La Dirección General de Contrataciones Públicas continuará realizando cruces de información entre las distintas bases de datos institucionales para detectar nuevos casos y aplicar las medidas correspondientes, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la integridad y el control de las compras públicas en República Dominicana.
