Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal solo beneficia a la criminalidad, al considerar que la legislación penal actualmente vigente, promulgada en 1884, ya no responde a la realidad delictiva que enfrenta la República Dominicana.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la magistrada sostuvo que el país necesita un marco jurídico actualizado que permita perseguir y sancionar de manera más efectiva las nuevas modalidades delictivas. En ese sentido, expresó que el Código Penal vigente resulta obsoleto para tipificar los crímenes del 2026 y llamó a priorizar el interés nacional por encima de las diferencias en torno a la reforma.
"Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026. Les pido a todos los sectores de la sociedad que pensemos en el bien del país", manifestó Reynoso.
Las declaraciones de la procuradora se producen en medio del debate generado por diversos sectores sociales, jurídicos y profesionales que han solicitado revisar varios artículos de la legislación antes de su entrada en vigor, prevista para el próximo mes de agosto. Entre los temas más discutidos figuran disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y otros aspectos del contenido de la norma.
Reynoso ha defendido en distintas ocasiones que el nuevo Código Penal representa una modernización necesaria del sistema de justicia dominicano, al incorporar herramientas legales para enfrentar delitos asociados al crimen organizado, la ciberdelincuencia y otras conductas que no estaban contempladas en la legislación vigente desde hace más de 140 años.
La entrada en vigor del nuevo Código Penal continúa siendo objeto de análisis en el Congreso Nacional, mientras distintos sectores mantienen posiciones encontradas sobre la necesidad de introducir modificaciones antes de su aplicación. Entretanto, la Procuraduría General de la República insiste en que contar con una legislación actualizada constituye un paso fundamental para fortalecer la persecución del delito y la seguridad jurídica en el país.
